Procedimiento policial. REQUISA PERSONAL. Incumplimiento de recaudos. PORTACIÓN DE ARMAS DE GUERRA. Imputación. Rechazo

Abuso sexual infantil. PRUEBA. Testimonio de víctima menor de edad. Valoración. PERICIA PSICOLÓGICA. Valor. Falta de certeza. ABSOLUCIÓN DEL IMPUTADO

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Colisión entre dos vehículos. Impacto sobre tercer automotor: conductor demandado: SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA. Efecto en sede civil. Análisis según las particularidades del caso. NEXO CAUSAL: Ruptura: HECHO DE UN TERCERO. LEGITIMACIÓN PASIVA. Improcedencia. Rechazo de la demanda

Restos de la víctima hallados en la vivienda del encartado. Derechos del imputado. Negación genérica del hecho: valoración. Indicio de mala justificación. PRUEBA DE INDICIOS. Valor. ABSOLUCIÓN. Justificación. PROMOCIÓN DE CORRUPCIÓN DE MENORES CALIFICADA. Configuración. PENA. Individualización

Alcance de la protección constitucional. Imputado residente en hotel. Secuestro de arma de fuego en la habitación rentada. Ingreso de personal policial con autorización de la encargada y sin orden judicial. DERECHO DE EXCLUSIÓN. Análisis. TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. Invalidez de la prueba obtenida. RECURSO DE CASACIÓN. Procedencia. ABSOLUCIÓN

Hechos de hostigamiento en ámbito escolar y extraescolar. Daño a la salud: Daño psíquico. Acreditación. Diferencias con el daño moral. BULLYING: Atipicidad penal. Tipicidad de las consecuencias provocadas a la víctima. Consideraciones del fenómeno: Resoluciones alternativas del conflicto. RESPONSABILIDAD PENAL: Atribución delictiva conjunta e indiscriminada: Prohibición. CULPABILIDAD. Ausencia de prueba. ABSOLUCIÓN

Motivo formal. ABSOLUCIÓN POR DUDA. Casos en que puede ser cuestionada. Asignación de crédito o demérito absurdo a la prueba. “Valoración arbitraria”. Procedencia. ABUSO SEXUAL. PRUEBA DE INDICIOS. Consideración conjunta de los indicios. PERICIA PSICOLÓGICA. Valoración

dora, podría existir una litigiosidad latente. Asimismo se advierte que es la propia demandada la que sostiene en la crítica que el gerente de legales de la empresa estaba autorizado a concurrir a las oficinas a retirar información que se hubiera ingresado al buzón del edificio, de modo que no se deduce -ni se explica debidamente en la queja- la razón por la que habría que interpretar la falta de diligencia con relación a la cuestionada notificación. De allí que sus argumentos recursivos devienen dogmáticos, y por ende, inviables en esta sede, a la luz del art. 116 de la L.O. Cabe señalar a esta altura que el principio de instrumentalidad de las formas establece que la posible invalidez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a la finalidad que, en cada caso concreto, están destinados a cumplir, de manera que la declaración de nulidad no procede cuando el acto logró su objetivo. En el caso, arriba sin cuestionar a la Alzada que el traslado de la demanda se habría cumplido en el domicilio legal de la accionada, Bouchard 680, Piso 10 de CABA (cfr. art. 11, inc. 2 de la ley 19550, en concordancia con lo normado por los arts. 152 y 153 del CPCCN), razón por la cual, el acto notificatorio cumplió con la finalidad a la que estaba destinado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 169 del CPCCN. Dado que los agravios no conmueven lo resuelto en origen y habida cuenta que lo hasta aquí expuesto basta desestimar la crítica (cfr. doct. art. 386 del CPCCN), no corresponderá más que confirmar el decisorio apelado, lo que así se decide. III. Que las costas de Alzada se imponen a cargo de la demandada, en su carácter de vencida en la incidencia (cfr. art. 68 del CPCCN y 37 de la L.O.) y se difieren las regulaciones de honorarios para el momento del dictarse la sentencia definitiva.

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio apelado; 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demanda; 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento de dictarse la sentencia definitiva; 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. (…)

Néstor Rodríguez Brunengo – Graciela Carambiau





TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES

Tenencia con fines de comercialización. Mujer en situación de extrema vulnerabilidad. ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE. Falta de acusación fiscal. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL . Homologación del acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal. ABSOLUCIÓN